En silencio, mientras la atención pública se divide entre polémicas diarias, el Gobierno nacional avanza con decisiones que podrÃan redefinir de forma profunda la vida de millones de argentinos. El último informe técnico del Fondo Monetario Internacional revela que, para cumplir con la nueva meta de superávit fiscal del 1,6% del PBI en 2025, se comprometieron recortes que alcanzan a sectores históricamente sensibles: pensiones por discapacidad, beneficios sociales y exenciones impositivas para productos básicos.
Detrás de la retórica de la eficiencia y la racionalidad fiscal, lo que se esconde es una realidad incómoda: el mayor esfuerzo del ajuste no lo harán los sectores más acomodados, sino quienes dependen del Estado para sostener condiciones mÃnimas de dignidad. El reporte incluso habla de “controles mejorados de elegibilidad†para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo o pensiones no contributivas. Una frase técnica que, traducida a la vida cotidiana, significa menos cobertura, más trabas burocráticas y la posibilidad concreta de que personas vulnerables pierdan derechos adquiridos.
Las promesas de “ahorrar†en estos rubros conviven con una decisión polÃtica clara: eliminar beneficios del IVA, aumentando el impacto de este impuesto regresivo sobre quienes destinan gran parte de sus ingresos a bienes de consumo diario. Al mismo tiempo, se anticipa una suba de tarifas de gas y luz bajo la lógica de “acercarlas al costo realâ€. Pero el costo real de estas medidas será social, no económico.
El proyecto de presupuesto para 2026, que será presentado en septiembre, contempla una reforma previsional a debatirse en 2027, año electoral. Se busca “simplificar†el sistema y “mejorar la proporcionalidad†entre aportes y haberes. En los papeles suena técnico, pero en la práctica podrÃa implicar nuevas restricciones a jubilaciones anticipadas, a regÃmenes especiales y a la movilidad del sistema.
Mientras tanto, el FMI alienta a eliminar impuestos “distorsivosâ€, pero no por afectar a sectores concentrados, sino porque considera que frenan el ajuste externo. Se consolida asà una visión de paÃs enfocada en las cuentas y no en las personas.
En medio de estas transformaciones, el interrogante es uno solo: ¿cuál es el costo humano de este modelo? ¿Qué sociedad se está construyendo cuando los recortes recaen una y otra vez sobre quienes menos tienen? ¿Y qué consecuencias traerá seguir priorizando metas fiscales por encima del contrato social?
El informe del Fondo no lo dice, pero en cada lÃnea se respira la lógica del sacrificio sin red, sin equidad y sin horizonte compartido.